7 veces SI en la Consulta Popular.
Antecedentes.- La Constitución de la República en
el segundo inciso del Art. 1, dice que la soberanía radica en el pueblo, cuya
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos
del poder público y de las formas de participación directa previstas en la
Constitución. La consulta popular es un mecanismo de participación, mediante el
cual se convoca al pueblo para que con su voto decida sobre cuestiones de vital
importancia para el país.
El 2 de octubre de 2017, el Presidente
Constitucional, envió a la Corte Constitucional las 7 preguntas para que sean
admitidas y calificadas. A falta de pronunciamiento de la Corte, el Presidente
de la República, amparado en lo que dispone el artículo 105 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remitió la
documentación al Consejo Nacional Electoral, mismo que, luego del análisis
jurídico, determinó la procedencia de la consulta popular, estableciéndose el 4
de febrero de 2018 para su realización.
Estamos conscientes que las 7 preguntas no
contribuirán a un cambio profundo del rumbo político y económico que el país
necesita, sin embargo, debemos apoyar para el restablecimiento de la
gobernabilidad y la democracia en el país. Por ello, y por las consideraciones
que detallamos a continuación, votaremos siete veces SI.
Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se
enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a
toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para
participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?
La corrupción es una práctica que consiste en
hacer mal uso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho
económico o de otra índole.
El tráfico de influencias, el soborno, la
extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven
reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar
una licitación o pagar una coima para evitar una sanción.
La corrupción afecta a toda la sociedad, ya que
ciertos funcionarios o representantes de los diez años del correato
significaron para el país la más grande práctica de corrupción; la Comisión
Anti corrupción hasta el momento, ha calculado que son más de 35 mil millones
de dólares los que se han festinado por actos de corrupción de los funcionarios
públicos. Con esta cantidad se hubiese podido pagar la mitad de la deuda
externa, solucionando graves problemas del país. Durante el correato se
institucionalizó la corrupción en las altas esferas del poder político, al
extremo de que se habla que el crimen organizado se enquistó en el poder, por
cuanto, altos funcionarios ( vicepresidente, Ministros y algunos ex
asambleístas) concertaron para delinquir; al extremo de que, luego de procesos
jurídicos algunos de ellos se encuentran ya con sentencia; otros a la espera de
su judicialización, y otros se encuentran prófugos de la justicia.
Es necesario castigar a los malos funcionarios o
malos empresarios inhabilitando a participar en la vida política, pero además
es necesario que el Estado recupere los recursos mal habidos producto de los
actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa.
Pregunta 2.- Para garantizar el principio de la
alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la
República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan
ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de
Montecristi, y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante
enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015?
Debemos votar por el SI, por que la reelección
indefinida contradice a los principios de la democracia y la alterabilidad
establecidos en la Constitución, la permanencia en el poder de una persona no
permite generar nuevos liderazgos políticos, da lugar al autoritarismo y al
control total de las demás funciones del Estado, como ocurrió en estos 10
últimos años, evitando ser auditados por las instituciones que tienen la
obligación de ejercer el control, como es el caso de la Controlaría General del
Estado que no controló nada durante los 10 últimos años, o el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social que no investigó ningún acto de
corrupción que hoy es de dominio público, pese a que habían voces ciudadanas
que denunciaban estos actos.
Perpetuarse en el poder es poner en riesgo la
alternabilidad y la expresión democrática en su conjunto; toda vez que, cuando
existe apetito insaciable por inmortalizarse en el poder, se cae en el
totalitarismo y la tiranía. El totalitarismo es el fenómeno político social y
jurídico que consiste en el control absoluto de todas las funciones y de toda
la administración pública, sin que un solo detalle se manifieste sin el
conocimiento, voluntad y expresión de quien ejerce el poder político. Con el totalitarismo
se pierden las libertades, se cercenan los derechos y se conculcan las
aspiraciones sociales. En torno al tirano se agrupa la camarilla con sus
propios intereses y ambiciones.
Pregunta 3.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la
Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo
constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma
transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las
autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso,
anticipar la terminación de sus periodos?
El Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social es una Institución que nace con la Constitución del 2008, para hacer
efectiva la participación de la ciudadanía en asuntos públicos, cuya función
fundamental es el fomentar la participación ciudadana, designar a las
autoridades nacionales mediante concurso público de méritos y oposición, y
prevenir, investigar y combatir toda forma de corrupción. En la práctica solo
ha cumplido los mandatos y las instrucciones emanadas por Correa, para copar
con gente sumisa de su agrupación las diferentes direcciones y representaciones
de la función pública, procediendo a llenar la administración pública con
personas comprometidas con los intereses del gobierno y no con los altos
intereses del Estado.
Pregunta 4 ¿Está usted de acuerdo con enmendar la
Constitución de la República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos
sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes?
Los delitos sexuales contra los niños constituyen
la peor aberración que un adulto puede cometer; estos delitos desdicen la
calidad humana de los infractores. Un niño que ha sido víctima de abuso sexual
cambia por este hecho todo su destino. Ningún agresor debe quedar sin castigo
ante un hecho de esta naturaleza.
Prescribir, en este caso es dejar o perder el
derecho de demandar una vez que trascurra cierto tiempo, la consulta es que
estos delitos no se prescriban es decir, se pueda demandar en cualquier tiempo,
por eso hay que votar por el si, ya que nuestra Constitución y varios convenios
internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano, dice que los niños,
niñas y adolescentes son personas que tienen derecho a una atención
especializada y privilegiada, por su condición de edad. Y los delitos sexuales
cometidos contra niños, niñas y adolescentes, deben ser reprochados y
condenados.
Pregunta 5.- ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona
intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera
autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030
hectáreas a 300 hectáreas?
Hay que votar por el SI, porque contribuimos a
proteger la vida de los pueblos indígenas no contactados que viven en la zona
cuya supervivencia ha sido amenazada.
La naturaleza, el ecosistema y la riqueza
ecológica del país, por la entrada inmisericorde de las transaccionales mineras
y de las grandes empresas de extracción de nuestros recursos permitidas por el Gobierno
de Correa, se encuentra en peligro. Siendo conscientes del daño irreparable que
se causa con la destrucción de la naturaleza, estamos llamados a evitar el
deterioro ambiental.
Pregunta 6.- ¿Está usted de acuerdo con enmendar la
Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería
metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles, y
centros urbanos?
Nuestra Constitución prevé el principio de
progresividad de derechos, esto significa, que las reformas a las leyes o a la
Constitución nunca deben restringir o disminuir los derechos reconocidos, en
tal sentido, el artículo 407 de la Constitución establece la prohibición de
actividades extractivas de recursos no renovables en áreas protegidas y en
zonas declaradas intangibles, incluida la explotación forestal, y, señala que
de manera excepcional se podrán extraer recursos previa petición fundamentada
del Presidente de la República y previa declaratoria de interés nacional por
parte de la Asamblea Nacional, pudiendo esta última, de estimarlo pertinente,
convocar a consulta popular.
Con la consulta lo que se quiere es precautelar
la seguridad, la salud y las condiciones de vida de las personas que habitan en
zonas que poseen riqueza minera.
La extracción minera sin límites solamente
beneficia a las grandes empresas permitidas para hacerlo; la mayoría de
recursos se lleva la transnacional. Para el Estado ecuatoriano significa un
ingreso adicional que no justifica la destrucción de la riqueza natural. Los
efectos de la extracción minera se evidencian en la contaminación de las
fuentes de agua,
la degradación paulatina de la riqueza ecológica
y en el deterioro de las condiciones de vida de los seres humanos; es
importante asumir la responsabilidad en la defensa de la naturaleza frente a
las ambiciones desmedidas de los materialistas que solo quieren engrosar sus
bolsillos a costa del sufrimiento de nuestros pueblos.
Pregunta 7.- ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la
Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de Tierras y
Especulación de Tributos, conocida como Ley de Plusvalía?
También en esta pregunta hay que votar por el SI,
por que esta es una ley que lejos de evitar la especulación sobre el valor de
las tierras y de los tributos, ha desincentivado a la industria de la
construcción, lo que ha significado la reducción de la demanda de la mano de
obra y la reducción de la inversión en el sector de la construcción. Se
requiere una ley que regule de manera equitativa, es decir, que pague el que
más gane o tenga y no a todas las personas, sin considerar su condición
económica como establece la Ley actual.
Las arcas fiscales deben alimentarse por
iniciativas renovadas de los gobiernos y no imponer cargas tributarias al
pueblo, quien es que a la larga termina pagando todo.
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